Recurso por velocidad media en túnel — jurisprudencia y plantilla para 2026

Cómo funciona el Tramo de Control de Velocidad

El sistema técnico habitualmente llamado radar de tramo se conoce oficialmente como Tramo de Control de Velocidad (TCV) y opera con dos pórticos físicamente separados a una distancia conocida. Cada pórtico incorpora un sistema de captura de imagen (típicamente con lectura automática de matrículas por OCR) y una marca temporal precisa que registra el momento exacto del paso de cada vehículo. La distancia entre los dos pórticos varía según túnel: tan corta como 500 metros en algunos túneles urbanos, hasta varios kilómetros en túneles largos de carretera interurbana.

La aritmética es elemental. Si el sistema registra el paso de un vehículo por el primer pórtico a las 14:32:18,452 y por el segundo a las 14:32:46,128 con distancia conocida de 850 metros, la velocidad media resultante es de 110,7 km/h. Si el límite legal del túnel es de 80 km/h, se activa la denuncia automatizada con la matrícula identificada por OCR como sujeto del expediente sancionador.

El régimen técnico del sistema está homologado por el Centro Español de Metrología conforme a la Orden ITC/3022/2007 sobre control metrológico de instrumentos. La homologación exige certificación periódica de calibración de cada aparato (cada pórtico es metrológicamente un instrumento independiente) y verificación del sincronizado horario entre los dos aparatos con tolerancia técnica admisible del orden de centésimas de segundo.

Los cuatro puntos vulnerables del sistema

La aritmética simple del cálculo de velocidad media puede invalidarse cuando alguno de los presupuestos técnicos falla. La jurisprudencia ha identificado cuatro puntos vulnerables que el recurso puede aprovechar.

El certificado de calibración de cada uno de los dos pórticos es la línea más exitosa de recurso. La Orden ITC/3022/2007 exige verificación anual de cada aparato con certificación emitida por organismo competente. Si el certificado del primer pórtico o del segundo estaba vencido en la fecha del hecho denunciado, la medición pierde valor probatorio. La sentencia del TSJ de Madrid de 17 de febrero de 2022 ha sentado doctrina sobre este motivo: aplicada por extensión a velocidad media, la cadena probatoria queda comprometida cuando cualquiera de los dos aparatos no tiene certificación vigente.

La discrepancia horaria entre las marcas temporales es la segunda línea. La sincronización horaria entre los dos pórticos debe estar dentro de la tolerancia técnica admisible para que el cálculo de velocidad media sea fiable. Una discrepancia de medio segundo entre los dos relojes puede traducirse, según distancia y velocidad, en error de varios kilómetros por hora. Si el log de sincronización horaria del sistema muestra discrepancias relevantes durante el período del hecho, la medición es impugnable.

La cadena de custodia del registro digital es la tercera. El procedimiento sancionador exige que la administración aporte la prueba documental completa de la medición: imagen del vehículo en cada pórtico, marca temporal exacta de cada paso, certificado de calibración vigente de ambos aparatos, log del sistema con la operación de cálculo. La ausencia de cualquiera de estos elementos en el expediente sancionador es defecto formal que puede llevar al archivo.

La insuficiencia probatoria de la identidad del conductor es la cuarta y más limitada. Cuando las cámaras de los pórticos solo capturan la trasera del vehículo y no permiten identificar visualmente al conductor, la administración debe aplicar el procedimiento de identificación del conductor por el titular conforme al artículo 11 del RDL 6/2015. Si el titular identifica correctamente al conductor responsable, la sanción se redirige; si no responde en plazo, se aplica la sanción del artículo 11. Si la cadena de identificación tiene defectos formales (notificación incorrecta, plazo mal calculado, requerimiento incompleto), procede recurso.

Las cuatro líneas de jurisprudencia favorable

Los Tribunales Superiores de Justicia han desarrollado durante los últimos cinco años una doctrina relativamente consistente sobre las causas de nulidad en sanciones por velocidad media. Cuatro líneas concentran la mayoría de las sentencias estimatorias.

La línea de calibración vencida es la más exitosa por su carácter objetivo. El recurrente solicita formalmente que la administración aporte los certificados de calibración de los dos pórticos vigentes en la fecha del hecho; si la administración no aporta uno o ambos certificados, o aporta certificados vencidos, procede el archivo del expediente. Sentencias destacadas: TSJ de Madrid de 17 de febrero de 2022, TSJ de Cataluña de varios meses de 2023, TSJ de Andalucía con varias decisiones en línea similar.

La línea de discrepancia horaria requiere prueba más técnica pero ha prosperado en casos donde el log del sistema muestra desincronización significativa. El recurrente debe solicitar formalmente la prueba documental del log de sincronización y, si la administración no la aporta o muestra desincronización que afecte al cálculo, procede impugnación.

La línea de cadena de custodia digital es relativamente reciente y aprovecha la complejidad técnica de los sistemas modernos. La administración no siempre dispone del log completo del sistema en formato verificable, y la ausencia de ese elemento puede ser determinante. El TSJ de Galicia ha tenido decisiones recientes en esta línea.

La línea de identidad del conductor aplica solo cuando las imágenes del sistema son insuficientes para identificación visual directa. Es la línea menos exitosa porque la administración aplica habitualmente el procedimiento del artículo 11 y la sanción se redirige al conductor identificado por el titular. Solo prospera cuando hay defectos formales adicionales en la cadena.

La estructura del escrito de recurso

El escrito de recurso administrativo de reposición contra una sanción por velocidad media en túnel debe seguir la estructura formal del artículo 122 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, con adaptaciones específicas al supuesto técnico.

El encabezamiento identifica al recurrente (nombre, DNI, domicilio para notificaciones, eventualmente teléfono y correo electrónico), al órgano administrativo sancionador (la jefatura provincial o la administración municipal según el caso) y al expediente concreto (número de expediente, fecha de los hechos, número de boletín de denuncia).

Los hechos deben recoger la descripción precisa del trayecto: nombre o referencia del túnel concreto, sentido de la marcha, hora aproximada del paso, velocidad declarada por el sistema y velocidad límite del tramo. La precisión en este apartado es relevante porque permite a la administración verificar que los pórticos identificados son efectivamente los relevantes para el caso.

Los fundamentos jurídicos son la parte más importante del escrito. Deben citarse expresamente los preceptos del RDL 6/2015 sobre Tráfico que regulan la sanción (artículos 76 y 77 según corresponda), la Orden ITC/3022/2007 sobre control metrológico de instrumentos, los artículos 122 y siguientes de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, y las sentencias específicas de los Tribunales Superiores de Justicia que sirven de apoyo doctrinal al motivo de recurso elegido.

La prueba propuesta es habitualmente el elemento decisivo. Debe solicitarse expresamente la presentación, por parte de la administración, de los certificados de calibración vigentes en la fecha del hecho de los dos pórticos del TCV, del log de sincronización horaria del sistema durante el período relevante y de la documentación completa del expediente sancionador conforme al artículo 137 de la Ley 39/2015. Esta solicitud formal es la que abre la puerta a las cuatro líneas de jurisprudencia ya señaladas.

La petición concreta es la del archivo del expediente sancionador por los motivos expuestos. Subsidiariamente puede solicitarse la reducción de la sanción a tramo inferior si la jurisprudencia aplicable así lo sugiere para el caso concreto.

El plazo del recurso y los siguientes pasos

El plazo para presentar el recurso administrativo de reposición es de un mes desde la notificación de la resolución sancionadora, conforme al artículo 124 de la Ley 39/2015. Si el conductor ha optado previamente por presentar alegaciones en plazo de 20 días naturales desde la notificación del expediente y la administración ha desestimado las alegaciones, el plazo del recurso de reposición corre desde la notificación de la resolución desestimatoria.

La presentación del recurso puede ser electrónica a través de la sede electrónica de la administración sancionadora (DGT o ayuntamiento correspondiente), por correo certificado con acuse de recibo dirigido al órgano competente, o presencial en oficina de registro.

Si la administración desestima el recurso de reposición, el conductor puede continuar con la vía contencioso-administrativa interponiendo recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en plazo de dos meses desde la notificación de la desestimación. Esta vía exige habitualmente la asistencia de abogado y procurador y tiene tasa propia, lo que la hace más adecuada para sanciones de cuantía elevada donde el coste del procedimiento se justifica.

Cuándo el pago con descuento puede ser opción racional

Pese a la tasa de éxito relativamente alta del recurso por velocidad media en túnel, hay supuestos donde el pago con descuento del 50 % en plazo de 20 días naturales puede ser opción razonable.

Para sanciones de cuantía moderada (100-300 €) con conductor de saldo de puntos holgado, la simplicidad del pago con descuento puede compensar el coste de oportunidad del tiempo dedicado al recurso. El ahorro económico relativo es modesto y el riesgo de fracaso del recurso (que no es cero pese a la tasa favorable) puede motivar la opción simple.

Para conductores con sanciones reiteradas en el mismo período, el tribunal puede valorar negativamente la actitud sistemática del recurrente. La jurisprudencia es muy técnica en este capítulo y la actitud subjetiva del conductor no debería afectar al criterio objetivo del recurso, pero en la práctica administrativa la apariencia de uso instrumental del recurso es desfavorable.

Para conductores con perfil de uso vehículo profesional (transporte de mercancías, viajeros, conducción habitual en túneles del trayecto laboral), el recurso por velocidad media tiene sentido económico claro porque la frecuencia de exposición al sistema TCV es alta y desarrollar conocimiento del procedimiento es inversión que se amortiza.