Vía contenciosa

La vía contencioso-administrativa es el siguiente paso procesal después de agotada la vía administrativa. Está regulada en la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo para interponer el recurso es de dos meses desde la notificación que pone fin a la vía administrativa (resolución que desestima el recurso de reposición o, si este no se interpuso, resolución sancionadora original con expresa indicación de su firmeza).

Para multas de tráfico, la cuantía determina el juzgado competente: hasta 30.000 € va a los juzgados de lo Contencioso-Administrativo unipersonales; importes superiores, al Tribunal Superior de Justicia. En sanciones de tráfico ordinarias rara vez se supera ese umbral. La asistencia de abogado y procurador no es preceptiva para cuantías inferiores a 30.000 €, aunque sí muy recomendable: el procedimiento se rige por reglas técnicas que el conductor sin formación jurídica raramente domina.

El recurso contencioso permite practicar prueba con mayor profundidad que en sede administrativa: testifical, pericial, documental ampliada. Es la vía que conviene reservar para sanciones graves donde los argumentos de fondo necesitan despliegue probatorio (defectos técnicos de un radar de tramo con pericial, vulneración de derechos fundamentales con prueba ampliada, etc.). Permite además solicitar la suspensión cautelar de la ejecución mientras se sustancia.

Una ventaja específica: si el recurso prospera, la administración puede ser condenada en costas, lo que en la práctica recupera parte del coste del procedimiento. La interposición sin la asistencia letrada habitual debilita la defensa: en sanciones donde se invierte tiempo y dinero llegando a la vía contenciosa, el ahorro de no contratar abogado raramente compensa.

Conviene tener presente la cuestión económica antes de iniciar la vía contenciosa por una multa ordinaria. La Ley 10/2012 estableció una tasa judicial (suprimida para personas físicas por Ley 25/2015) que ya no se aplica al conductor particular, lo que abarata el acceso. Sin embargo, los honorarios del abogado y procurador, aunque no sean preceptivos hasta 30.000 €, oscilan entre 600 y 1.500 € en sanciones de tráfico estándar. Si la multa recurrida es de 200 € con descuento, el cálculo coste-beneficio rara vez compensa salvo que el caso tenga un componente reputacional (pérdida de puntos crítica, sentencia de inhabilitación, antecedentes ante el Registro de Conductores) que justifique la inversión. La asistencia jurídica gratuita está disponible para quien acredite ingresos bajo el umbral establecido en la Ley 1/1996.